En la sesión de Concejo Deliberante de Esteban Echeverría se voto el pedido de informes a la provincia y al municipio por las tierras que utiliza la institución hace cincuenta años. Además se aprobó el reintegro a empleados estatales que habían estado en huelga en 2009. Por último, fracasó el intento de citar a funcionarios del municipio para que respondan sobre las situaciones de resto bares y prostíbulos.
El Concejo Deliberante de Esteban Echeverría votó ayer el pedido información a la jefatura de ministros de la provincia y al gobierno municipal sobre el club hípico de Monte Grande, que presuntamente está situado en terrenos públicos. Además se aprobó el pago a empleados estatales a los que se les debía los sueldos por haber estado en huelga a comienzos de 2009.
El proyecto de resolución que pide información a entes provinciales y municipales, presentado por el edil Daniel Requejo del bloque Unión Vecinal, fue aprobado por unanimidad.
“Es un anhelo del distrito y su clase política la recuperación para uso de la comunidad de los predios que ha estado utilizando el Club Hípico. No tienen que ver con el club y sus actividades, sino que están haciendo desde hace cincuenta años usufructo de un terreno público. Creemos que debe tener una solvencia que le permita ir por el mismo camino sin el sostén del Estado”, aseguró el autor del proyecto.
Asimismo, se resolvió la situación de los empleados de los sindicatos de trabajadores municipales de Esteban Echeverría que se les reintegraron los descuentos efectuados durante el período abril y mayo de 2009, cuando los empleados estuvieron en huelga.
Tanto el edil del Frente Para la Victoria Daniel Saavedra como su par del ARI- Coalición Cívica Patricia Gramajo, felicitaron la decisión del Departamento Ejecutivo de reveer la situación de los estatales. Por su parte la edil vecinalista Marta Mangas lamentó que se haya resuelto la situación “un año y medio después”.
En otro orden, Gramajo no logró la aprobación del proyecto de decreto que pide citar al Secretario de Gobierno de la municipalidad y al Director de Inspección del municipio para que informen sobre distintas acciones llevadas a cabo en el distrito.
“Le habíamos hecho una invitación a ambos en junio desde la Comisión de Legislación y Peticiones y nunca vinieron. Muchos temas en los que ellos están trabajando que nos interesan como los reto bares y prostíbulos”.
Al cruce salió la edil oficialismo Valeria Bellizi asegurando que no interpretaron la cita como una interpelación. La Concejal fue la que pidió que se envíe el proyecto a la comisión correspondiente, cosa que fue aprobada.
Por otra parte, el bloque Vecinalista impulsó una ordenanza que dispone la rezonificación de los terrenos donde se planea construir la planta faenadora de la empresa Coto que fue enviada a la Comisión de Legislación y Peticiones.
“De ninguna manera sometería a este Concejo a una votación de un tema álgido como este. Pero nos impulsa la preocupación de los vecinos que sigue latente. Creemos que el Estado municipal y el Departamento Deliberativo tiene la posibilidad de elegir cómo queremos vivir”, aseguró Mangas.
Curiosamente, el proyecto más polémico de los últimos tiempos, que propone que la presidencia informe a todos los ediles sobre sus gastos administrativos, de mantenimiento, y de personal, no fue tratado porque el autor, el concejal de Unión Pro Ever Van Tooren, se encontraba en el exterior.
Sin embargo, esto no impidió que el edil recibiera críticas. El concejal de Unión Peronista Ramón Vallejo lo cruzó por tomar la política “como un hobbie”. “No sé cual es la condena moral para alguien que no vino ni siquiera al cincuenta porciento de las sesiones”, manifestó.
En tanto el oficialismo elevó a la Secretaría de Obras Públicas un programa de erradicación y asentamiento de villas.
Por último, el Concejal por Unión Pro Fernando Sousa defendió el proyecto que pide al municipio la compra de sistema de datos biométricos.
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